La insoportable levedad de la coherencia

Ya está otra vez el lío armado. Esta vez, es a costa de Garzón y su juicio. Ya estamos otra vez en este país de chichinabo, en esta monarquía bananera que aún responde tímidamente al nombre de España, con la casa patas arriba por no saber medir nuestras palabras, ni ser coherentes con nuestras afirmaciones.

Se nos llena la boca hablando de democracia, de que España es un país democrático, del respeto a las instituciones, pero a las primeras de cambio que el sistema da un resultado que no es conveniente a los intereses de cada uno, ¡zaca! a echar pestes contra todo.

Está claro que todo el mundo tiene el derecho de creer en lo que más le apetezca, y de defender a quien considere que hace cosas correctas y justas, y por tanto, no podemos esperar que ante este asunto de la imputación por prevaricación al juez Garzón, que en tantos berenjenales se ha metido, no vayan a surgir por todos lados partidarios y detractores.

Pero a determinados niveles, si bien se sigue disfrutando del derecho a la libre opinión, se debe obrar y opinar con una mayor responsabilidad de estado.

Vamos a ver. A todos nos pueden, en un momento dado acusar de algo. La suerte, y la ventaja de vivir en un estado democrático de derecho es que, ante esa acusación, lo suyo es que un juez instruya una causa, y en caso de que estime la existencia de indicios razonables de delito, inste un procedimiento en el que se impute al sospechoso. Este sospechoso contará en todo momento con la presunción de incencia, por lo que, quien acuse, por la vía que sea, debe demostrar la culpabilidad del acusado, quien en todo momento conocerá los delitos que se le imputan y tendrá garantizada la defensa legal de sus derechos. Y en caso de duda, se le declarará inocente, o al menos no culpable. Y además, si se le declarase culpable, tendría todavía el derecho de reclamar la revisión del caso a una instancia superior.

Ese es, más o menos, el funcionamiento de nuestro sistema jurídico. Y a eso tenemos que atenernos si consideramos que la democracia y nuestro ordenamiento jurídico merecen la pena. Porque si ya de mano asumimos que eso no es así, entonces apaga y vámonos. Estaríamos poniéndonos a la altura de otros regímenes totalitarios, en los que no se respeta la libertad ni el derecho.

Ateniéndonos, pues, a esto, es razonable que los representantes diversos de la sociedad, que gozan del privilegio de ser escuchados y sus opiniones difundidas en los medios por ser lo que son, y no por llamarse Pepe o Manuel, puedan expresar sus apoyos a discreción. Pero se les debería exigir un mayor respeto por las Instituciones.

El juez Garzón, al igual que al macarra del barrio, o al estafador de turno, tendrá un juicio justo y con todas las garantías. Y si ha cometido un delito, tendrá que responder, como cualquier hijo de vecino. Y de eso, deberiamos alegrarnos todos, independientemente de que cada uno crea que saldrá inocente o culpable. Lo que cuenta será la sentencia, y esa será dictada con todas las garantías constitucionales. Y precisamente de eso, quien más debería saber sería el ropio juez Garzón.

Por tanto salir ahora vociferando en los medios, acusando nada más y nada menos que al Tribunal Supremo de connivencia con el fascismo, de torturas y, no menos grave, de parcialidad e intencionalidad, es una falta de respeto, una falta de responsabilidad, y espero que haya quien opine que también un delito, para que quien haya proferido tales acusaciones gratuitas, pueda experimentar en su propia piel que lo que dice no es cierto.