Ya está. Ya no puedo aguantar más. Es tal el cabreo que tengo, que no me queda otra que volver a escribir algo a ver si me centro.
Como botón de muestra de la clase de noticias que causan mi zozobra, añado a continuación el vínculo a una de ellas, publicada hoy en El País, sobre unas declaraciones de José Blanco, Ministro de Fomento, sobre el tema de la posible reforma fiscal contra la que el gobierno nos viene vacunando desde el regreso de las vacaciones.
Artículo de El PaísLa estrategia del gobierno es clara, en este tema como en tantos otros; se levanta la liebre a través de los apóstoles de ZP, que de forma paulatina meten el tema en la conversación de todos los españoles, pero sin decir nada concreto. Dejan que nos vayamos planteando las posibles alternativas, los distintos escenarios, y que nos hartemos a discutir sobre el tema. Mientras tanto, la oposición, en su afán desmedido por demostrar su empatía con el pueblo doliente, se lanza también a criticar “las medidas anunciadas por el gobierno”, sin darse cuenta de que el gobierno, en realidad, no ha anunciado ninguna medida, por lo que de nuevo los apóstoles, con la impecable técnica de judokas retóricos cinturón negro que tan profusamente atesoran, aprovechan toda la energía del empellón de la oposición, para devolverles un golpe, si cabe, más fuerte aún que el que no recibieron.
Así, entre regates y collejas, entre dimes y diretes, el tiempo va pasando y el pueblo se va cansando de objetar en vano. Porque no se puede objetar lo que no existe, y hasta el momento, lo único que existe son referencias más o menos explícitas, y a menudo contradictorias en función de quién las haga, a posibles directrices futuras. Nada exacto, nada concreto, nada objetivo.
Pero en este punto, cuando el ciudadano de a pie ya está cansado de dar palos de ciego, es cuando algún apóstol desde la esquina de algún periódico, lanza una nueva bomba para distraer la atención generando un nuevo debate, y al amparo de la bulla creciente, el gobierno aprovecha para poner los puntos sobre las íes y definir ya sin presión, la ley que más le convenga, sabiendo de que los españoles no podemos pensar en muchos temas a la vez, por lo que si estamos ocupados con el nuevo debate, y aburridos del anterior, ya nada de lo que hagan va a influir mucho en lo que pensemos.
Así está pasando con esto de la reforma fiscal y la subida de impuestos. Que si va a subirse esto o aquello, que si va a servir para cubrir los gastos de la gripe, que si tenemos mucho margen porque la presión fiscal (otro día aclararemos ese concepto) es baja, etc.
Una de las cosas que más me cabreó fue escuchar a Blanco decir que los españoles que tienen las rentas más altas, tendrían que ser solidarios y apretarse un poco el cinturón para ayudar a los que menos tienen en estos momentos de crisis. ¡Vamos, que o aceptas de buen grado pagar más impuestos, o eres un egoísta insolidario!
Hay muchas cosas que podría escribir sobre lo de la redistribución de la riqueza y las políticas sociales y sus beneficiarios. Y desgraciadamente no todas buenas. Pero como tengo que centrarme en algo me centraré en la responsabilidad del administrador. Sea europeo, estatal, autonómico o municipal.
Los políticos hacen las cosas con el dinero que sale del trabajo y la audacia de los ciudadanos. Son nuestro trabajo y nuestra audacia los que logran que las empresas produzcan y que puedan pagar salarios y rentas con los que se puedan adquirir los productos que las empresas producen con nuestro trabajo y audacia. De todo ello el Estado (en genérico) se lleva una parte. Y de lo que queda limpio al final, se lleva otra mayor. Si nosotros no trabajamos, la máquina se para. Los políticos, los Estados (en genérico) no producen nada. Son un mero gasto.
Toda esa riqueza, fruto de nuestro esfuerzo, que el Estado se lleva porque sí, es administrada por unos señores que cobran por ello. Estos señores, que técnicamente nosotros escogemos cada cuatro años para representarnos (aunque los tengamos que escoger por lotes que necesariamente incluyen algún chollo, pero también forros de aúpa), toman decisiones en nuestro nombre y deciden qué es lo mejor que se puede hacer con ella. Estos señores adquieren el compromiso de servirnos y trabajar por nuestro bien. Ostentan el poder para poder ejercer el gobierno.
Pero resulta que esos señores, en realidad, a quien sirven es a unas organizaciones cuya único objetivo es conseguir poner a sus miembros en situación de ostentar el poder, con lo cual faltan a su compromiso de servirnos y velar por nuestros intereses. A quién se deben, en realidad, es a su partido. A tal punto llega la cosa que, a la hora de elegir la mejor opción para el pueblo que les ha nombrado sus representantes, estos señores escogen obligatoriamente la opción que su organización les indica. No votan como personas, sino como parte de una masa uniforme con nombre de partido político. En caso contrario se ven normalmente obligados a prescindir de los cargos para los que, técnicamente, el pueblo les ha escogido, y de la oportunidad de volver a ejercerlos en el futuro.
Como decía, estos señores toman decisiones que nos afectan en nuestras cosas más íntimas, limitan nuestra libertad, nos fijan responsabilidades y deberes que debemos aceptar so pena de cárcel. En definitiva, pintan nuestro futuro.
Su posición, y su acceso al poder, suponen una tentación tan importante para muchos de ellos, que terminan faltando deliberadamente a su compromiso y actuando únicamente en su propio beneficio de forma ilícita. Estos son unos corruptos, unos delincuentes dolosos y, cuando de vez en cuando son descubiertos, se ven abocados al código penal.
Pero en todas las ocasiones, estos señores, los políticos, toman decisiones de hondo calado, que pueden ocasionar serias consecuencias a quienes dependen de ellas, hasta el punto de condicionar el desarrollo económico de un país durante generaciones. Ellos son quienes definen materias tan sensibles como el nivel educativo de una generación entera, quienes deben asegurar la asistencia sanitaria y social futura, quienes deben apoyar el desarrollo de las comarcas, quienes deben facilitar el desarrollo empresarial y el acceso a los mercados, quienes deben asegurar el valor de la moneda, etc. Eso obliga a tomar decisiones que no siempre son las más inmediatas y por tanto son contraproducentes a los intereses de las organizaciones que los mantienen en sus cargos, y eso lleva a que no siempre se tomen las decisiones adecuadas.
¿Qué ocurre en esos casos? ¿Qué ocurre cuando un político lo hace mal? ¿Cuándo se equivoca?
Si un profesional se equivoca debe responder de las consecuencias. Los médicos responden personalmente de los errores que cometen en los quirófanos. Los ingenieros van a la cárcel si se les cae una presa. Los conductores de un autobús que se estrella lo pagan, si la causa ha sido su distracción. ¿Pero de qué errores responde un político?
Normalmente su única responsabilidad termina en las siguientes elecciones, en las que, si lo ha hecho rematadamente mal, puede que no lo vuelvan a elegir y entonces se marche a su casa con una pensión vitalicia, o se coloque de asesor de algún empresario agradecido, o se dedique a dar conferencias subvencionadas. Y cuánto más importante sea el político, y en mayor disposición de cargarse un país esté, menores son las consecuencias que sus errores le reportan.
Un político puede arruinar un país o una ciudad, y marcharse a su casa tan tranquilo. Puede tomar decisiones concretas, que afecten a personas concretas causándoles un perjuicio, porque lo peor que le sucederá será que un juez obligará al organismo que represente a pagar una indemnización, que se abonará con dinero procedente de las arcas públicas. Es decir, con dinero de los propios afectados.
Un político puede poner el dinero en arreglar un despacho en vez de en iluminar un cruce, porque nunca le afectará que en ese cruce mañana atropellen a alguien.
Un político puede decidir subvencionar una película que nadie va a ver, en vez de comprar una máquina de rayos X para que los ciudadanos que pagan impuestos de una comarca entera no tengan que desplazarse kilómetros para hacerse una radiografía, porque a él lo seguirán invitando a las galas y a las premieres, y el ciudadano va a seguir pagando impuestos.
Es imposible que esto vaya a cambiar, porque los únicos que podrían hacerlo son los propios políticos. Y en estas cosas no hay colores. Son todos iguales, independientemente del partido, de la Administración que representen, o de la geografía que ocupen. Ellos no van a tirarse piedras contra su propio tejado.
La única forma que existe para revertir esta tendencia es conseguir que la gente lea, se informe, tenga su propia opinión razonada de forma independiente. Y darle después la opción de participar directamente en las decisiones que le afecten. Devolver verdaderamente el poder al pueblo.
Yo creo que quienes deben tomar una decisión son los que saben del tema. Si quiero enterarme de si la presión fiscal es realmente elevada en España, le pregunto a varios economistas, no a un sargento de la Guardia Civil. Y si necesito una opinión sobre mi estado de salud, voy a un médico, no a una pescadería.
Estoy convencido de que los colectivos profesionales pueden aportar mucho al gobierno de un país, pero no a través de sus órganos de representación, que seguramente estén plagados también de políticos, sino a través de la consulta y la participación directa. Hoy en día las tecnologías permiten certificar la identidad de las personas a distancia, y comunicarse de forma inmediata con cualquier persona. ¿Por qué los políticos no se dejan asesorar por lo que entienden? ¿Por qué no se implica más a los técnicos?
Desde luego esto es sólo un concepto. No es una solución definitiva, porque la verdad absoluta no existe o no se puede distinguir, y todo es opinable. Pero estoy seguro de que sería un paso adelante en muchos temas, y que, al menos, la sociedad estaría un poco más ilusionada si le preguntasen sobre lo que sabe y le importa.
Hay otras cuestiones en el artículo que me hubiese gustado comentar, pero al final ha salido esto, y creo que ya es lo suficientemente largo.